Los
sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Gáldar (UGT, SI
CANARIAS y CCOO) consideran lamentables las cifras ofrecidas este
miércoles por el alcalde de Gáldar, en relación con los sueldos de los
miembros del grupo de gobierno y el supuesto coste económico que imputa a
los representantes sindicales por hacer uso del crédito sindical
horario.
Desde
los sindicatos no se entiende que el alcalde de Gáldar pretenda
ejecutar un expediente de regulación de empleo para suspender a 87
trabajadores de empleo y echar a la calle a otros 54 trabajadores, y al
mismo defienda que su grupo de gobierno tenga que tener nueve concejales
con dedicación exclusiva cobrando del Ayuntamiento (dos más que en la
anterior legislatura), habiéndose incluso subido el sueldo el propio
alcalde en más de 8.000 euros brutos anuales nada más ser reelegido, tal y como publicó un diario provincial el pasado 10 de julio.
El Sr. Alcalde acusa a los sindicatos de mentir en las cifras, pero, sin embargo, aquí lo único cierto es que ha sido el propio alcalde el que ha sido pillado ya en falsedades graves cometidas por él mismo, como cuando firmó en fecha 9 de agosto de 2011 cartas de despido en las que a unos trabajadores les decía que el número total de despedidos eran 15, a otros les decía que eran 24, y a otros 26, todo ello sin que hasta la fecha el Sr. Alcalde haya dado un explicación pública o desmentido tal información.
Los sindicatos
comprenden que a Teodoro Sosa le moleste el uso del crédito sindical
horario que constitucional y legalmente tienen los representantes
sindicales para realizar su función, ya que el Sr. alcalde siempre ha
demostrado llevarse mal con el derecho fundamental a la libertad
sindical, no en vano ya fue condenado judicialmente en el año 2009 por
vulnerar dicho derecho fundamental a un representante sindical
(Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Las
Palmas, de fecha 21 de abril de 2009).
Finalmente, los
sindicatos también comprenden que el Sr. Alcalde haya tenido que cargar
ahora contra los representantes de los trabajadores, precisamente cuando
se ha sabido que el Ministerio de Trabajo ha emitido un informe
contrario a su ERE, y con el que ha despilfarrado nada menos que 45.000
euros de las arcas públicas en otra consultoría jurídica externa.
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