Los
sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Gáldar (UGT, SI
CANARIAS y CCOO) mantuvieron este martes una reunión en la Inspección de
Trabajo con el asesor contratado por el grupo de gobierno del
Ayuntamiento de Gáldar, en relación con el expediente de regulación de
empleo (ERE) por el que se pretende suspender 87 contratos de trabajo y
extinguir otros 54.
Por
parte de este asesor se trasladó a los sindicatos una nueva propuesta
consistente en mantener la misma suspensión de contratos de trabajo y 17
extinciones relativas a las prejubilaciones, retirando del ERE 27
extinciones de contrato, con el compromiso, asimismo, de no despedir
individualmente a estos últimos trabajadores/as hasta al menos el 31 de
marzo de 2012.
Los
sindicatos expusieron que esa nueva propuesta era contradictoria con el
ERE inicialmente pretendido y con las cifras económicas que en el mismo
se recogen para justificarlo, y denunciaron lo absurdo de que el grupo
de gobierno reconociera en este momento que 27 trabajadores/as que
pretendían despedir inicialmente por considerarlos sobrantes, resultaran
ahora necesarios, además de que tampoco se les garantizara su
permanencia más allá del 31 de marzo de 2012.
Por
ello, los representantes sindicales rechazaron esta propuesta y
volvieron a reiterar la necesidad de realizar previamente un diagnóstico
correcto en materia de personal y de la situación económica del
Ayuntamiento, antes de adoptar cualquier medida contra el personal
municipal, por lo que reclamaron la previa elaboración de un Plan de
Ordenación de los Recursos Humanos y de un Plan de Saneamiento
Económico, para luego llevar a cabo las medidas que dichos Planes
establezcan con la finalidad de sacar el Ayuntamiento adelante. Sin
embargo, esta propuesta sindical no fue aceptada.
La
Dirección General de Trabajo tiene ahora de plazo para resolver el ERE
pretendido por el grupo de gobierno hasta el lunes 31 de octubre, y
desde los sindicatos se espera que en la resolución administrativa que
se emita por Trabajo impere la cordura jurídica, y se siga el criterio
del Ministerio de Trabajo y de la Abogacía del Estado que consideran
contrario a la legalidad la realización de un ERE en un Ayuntamiento.
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